miércoles, 14 de abril de 2010

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gracoias zulma

PROMOCIONES EN ARGENTINA: PROMO MOVISTAR

PROMOCIONES EN ARGENTINA: PROMO MOVISTAR

viernes, 4 de abril de 2008

Los comentarios siguen

¿Ante una nueva estrategia de ventas?

Se halla radicada en un juzgado penal-económico una denuncia por existencia de supuestos mecanismos antiéticos para lograr mayores ventas de un medicamento, según informa el diario Página 12, en su edición del 11/11/2006. Un laboratorio habría impulsado a pacientes a presentar amparos contra las OS para lograr cobertura de una especialidad oncológica de alto costo.

"Coimas, prebendas e irregularidades graves" denunció el mes pasado la Asociación de Agentes de Propaganda Médica "como prácticas recurrentes de la industria farmacéutica". La presentación de los visitadores médicos, efectuada ante el Congreso de la Nación, incluye nombres de laboratorios y de conocidos doctores vinculados con ellos, comienza diciendo la nota publicada por el matutino porteño Página 12 en su edición del 1/10/2006.

Según la denuncia de los visitadores, "importantes sociedades científicas" participan en "notas seudocientíficas en medios de difusión", que en realidad "son publicidad paga" para la que "se contratan médicos líderes de opinión con el único objetivo de promocionar nuevas drogas de alto costo". Con nombre y apellido, en más de un caso, la nota refleja lo denunciado por los APM, quienes afirman que más allá de las bondades que puedan tener los productos presentados, tal vez no sea lo más adecuado que se le asignen recursos públicos o de obras sociales para darle cobertura

El secretario de Acción Social de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), José Charreau, manifiesta al diario que "La inducción económica a los profesionales de salud para la prescripción de productos se ha exacerbado a niveles increíbles, antes se trataba sólo de contribuciones para estudios, viajes, becas: hoy la coima es directa. Esto se aplica en especial a determinados productos que, por su alto costo, son de especial interés para los laboratorios; directamente se le ofrece al médico una suma, veinte, treinta, cincuenta pesos por cada prescripción."

¿Cómo intervienen en este procedimiento los agentes de propaganda médica?, pregunta Página 12. Charreau contesta: "Cada visitador debe detectar, en su zona, cuáles son los médicos de mayor potencial, porque atienden mejores obras sociales o tienen mucho caudal de pacientes; de éstos, hay que establecer cuáles son más permeables." En las reuniones de trabajo con los agentes de propaganda médica, "se los consulta en qué médicos 'invertir' y se asignan sumas para cada uno". No es que el doctor "permeable" se adscriba sólo a un laboratorio. "Toma lo que le ofrece uno y también lo que le ofrece el de la competencia –precisa Charreau–. Este sistema se ha hecho carne en nuestro medio, es muy difícil modificarlo."

Pero, señala el mismo interlocutor, las "compensaciones" también alcanzan a la contribución por el seguimiento de pacientes en "estudios clínicos", que no son tales pues no cumplen las características exigidas por la autoridad sanitaria. Más recientemente, agrega, se han incorporado otras metodologías más directas. En este sentido el entrevistado señala que "el doctor Federico Pavlovsky describió perfectamente lo que pasa" (se refiere a la nota publicada en la sección Psicología de Página/12 el 24 de agosto y comentada en este sitio, a la cual se puede acceder en el buscador colocando "psiquiatras").

Estas modalidades no sólo concierne a los fármacos, añade el diario, sino también a las prótesis traumatológicas: "No hay una sola prótesis que se coloque en la Argentina sin que el médico reciba 'el vuelto'", sostiene Charreau.

El documento de la AAPM también denuncia –sigue la nota- los "tratamientos compartidos: el médico prescribe una droga recientemente aprobada y, junto con la prescripción, le da al paciente un número de teléfono del laboratorio: si el paciente llama, le enviarán otro envase del mismo medicamento, gratis. Esto nos lleva a la pregunta de cuál es el precio real del medicamento: si entregan dos por uno y siguen ganando, quiere decir que el medicamento fue aprobado con un valor de venta que es, como mínimo, el doble del real".

Para finalizar, el artículo de Lipcovich del 1/10/2006 agrega que la AAPM –adherida a la CTA– presentó su denuncia en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, a la cual solicitó "una exhaustiva investigación del mercado farmacéutico" y "llamar a una audiencia pública nacional para discutir las gravísimas irregularidades del sector".

Investigación por posible impulso a la presentación de amparos

"Los recursos de amparo contra obras sociales, por parte de pacientes que exigen un medicamento, son motorizados por los laboratorios y forman parte de las acciones previstas en la promoción del producto", fue otra de las denuncias presentadas por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) ante el Congreso. Un detalle vinculado a la nota previamente citada explica el mecanismo: "Los laboratorios organizarían fundaciones, supuestamente independientes, para centralizar el procedimiento: un estudio jurídico vinculado con el laboratorio se haría cargo de presentar el amparo, a partir de un resumen clínico preparado por un médico también vinculado con la empresa. Los laboratorios también enviarían a sus visitadores a asesorar directamente a los pacientes para la presentación del amparo. En todos los casos se trataría de medicamentos nuevos y carísimos, no incluidos en el Programa Médico Obligatorio que rige a las obras sociales y el procedimiento "claramente desfinancia el sistema solidario de salud" consigna el artículo.

Más recientemente, la nota periodística publicada también por Página 12, el día 11/11/2006, informa que "una mujer que trabajaba en una fundación de ayuda a pacientes con leucemia denunció a esa entidad y a un importante laboratorio trasnacional por "explotación de enfermos de leucemia y sus familiares" a fin de "mantener y posicionar la facturación" de un medicamento. La "maniobra" incluiría el "pago de abogados para que inicien recursos de amparo a las obras sociales que no proveen el medicamento" y "la utilización de los enfermos como instrumentos mediáticos". El laboratorio Novartis, así acusado, contesta que "jamás pagamos a un abogado para que represente a pacientes" y que "no nos consta que haya habido ninguna indicación de ese medicamento –llamado Glivec– a partir de un recurso de amparo". La presentación –que se tramita en el fuero penal económico– plantearía por primera vez en un caso concreto la acusación formulada por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. La denuncia fue formulada por Zulma Pilar Labraña –se explica en el artículo- contra The Max Foundation Argentina y Novartis Argentina S.A. Esa fundación fue creada en Estados Unidos, en 1997, por el argentino Pedro Rivarola, cuyo hijo, llamado Max, había fallecido de leucemia, a fin de ayudar a pacientes con esa enfermedad. En 2001, Novartis Pharma firmó un convenio con la entidad para organizar el Programa Internacional Glivec de Asistencia Gratuita a Pacientes (Gipap), destinado a asegurar la provisión de Glivec –medicamento contra la leucemia mieloide– a pacientes sin acceso al tratamiento. En la Argentina, Zulma Labraña se habría desempeñado en la Fundación Max hasta que "en 2005, me echaron".

Por la otra parte, José María Oribe –asesor en comunicación del área Oncología del laboratorio Novartis–, manifestó a Página 12 que "a Novartis no le consta ningún caso en que el Glivec haya sido indicado a partir de un recurso de amparo" y destacó que "Novartis jamás le pagó a un abogado" a tal efecto. Oribe señaló que "en la Argentina, el Estado se hace cargo de cubrir la medicación oncológica, por lo cual el programa de entrega gratuita no tendría tanta razón de ser como en otros países. Sin embargo, en 2001 y 2002, en relación con la crisis, se registraron interrupciones en la provisión de medicamentos, y Novartis destinó una provisión de Glivec a cubrir interrupciones; el programa fue administrado por The Max Foundation. Llegó a haber más de cien pacientes beneficiados, de los cuales continúan 70: a éstos, Novartis podría presionarlos para que reclamen al Estado, pero no ha querido hacerlo". El valor promedio de un tratamiento es, según Oribe, "6000 pesos mensuales".

El artículo del matutino porteño finaliza consignando que "la denuncia se tramita en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6, de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Aguinsky".

Fuentes:

Pagina 12 edición del 1/10/2006: "Peor el remedio", por Pedro Lipcovich.

Página 12 edición del 11/11/2006: "Cómo vender los remedios caros", por Pedro Lipcovich.

viernes, 29 de febrero de 2008

PARA MAS INFORMACION ENTREN POR DIRECCIONES NO POR BUSCADOR

http://estafadaporthemaxfoundation.blogspot.com/

y siguen igual


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[e-farmacos] Como vender los remedios caros
From: "Canas, Martin"
Date: Mon, 20 Nov 2006 11:55:35 -0300
Sigue en manos de la justicia LA JUSTICIA INVESTIGA SUPUESTAS MANIOBRAS DE UN LABORATORIOComo vender los remedios carosPedro Lipcovich diario Pagina 12 Sabado/11-Nov-2006Segun una denuncia, Novartis impulsa en pacientes los amparos contra las obras sociales. La empresa niega la acusacion.El medicamento Glivec, eje de la denuncia sobre la presunta manipulacion de pacientes.Una mujer que trabajaba en una fundacion de ayuda a pacientes con leucemia denuncio a esa entidad y a un importante laboratorio trasnacional por "explotacion de enfermos de leucemia y sus familiares" a fin de "mantener y posicionar la facturacion" de un medicamento. La "maniobra" incluiria el "pago de abogados para que inicien recursos de amparo a las obras sociales que no proveen el medicamento" y "la utilizacion de los enfermos como instrumentos mediaticos". El laboratorio Novartis, asi acusado, contesta que "jamas pagamos a un abogado para que represente a pacientes" y que "no nos consta que haya habido ninguna indicacion de ese medicamento -llamado Glivec- a partir de un recurso de amparo". La presentacion -que se tramita en el fuero penal economico- plantearia por primera vez en un caso concreto la acusacion formulada por la Asociacion de Agentes de Propaganda Medica (publicada en este diario el 1º de octubre pasado), segun la cual "los amparos contra obras sociales son motorizados por los laboratorios y forman parte de la promocion del producto".La denuncia fue formulada por Zulma Pilar Labranha contra The Max Foundation Argentina y Novartis Argentina S.A. Esa fundacion fue creada en Estados Unidos, en 1997, por el argentino Pedro Rivarola, cuyo hijo, llamado Max, habia fallecido de leucemia, a fin de ayudar a pacientes con esa enfermedad. En 2001, Novartis Pharma firmo un convenio con la entidad para organizar el Programa Internacional Glivec de Asistencia Gratuita a Pacientes (Gipap), destinado a asegurar la provision de Glivec -medicamento contra la leucemia mieloide- a pacientes sin acceso al tratamiento. En la Argentina, Zulma Labranha se habria desempenhado en la Fundacion Max hasta que "en 2005, me echaron".Segun la denuncia, "Novartis implemento el plan 'a la argentina', es decir, como un plan de ventas enmascarado en un plan social". La demanda incluye copia de un e-mail que Labranha habria enviado a Rivarola, segun el cual una funcionaria de Novartis se habia comunicado con ella "para informarme que estoy manejando mal el programa, que mi mision es mediar entre las obras sociales y los pacientes, que mi funcion no es donar a quien tenga obra social. Yo por mi parte nunca deje de colaborar en ese sentido, he logrado que la obra social IOSE compre la droga para la paciente C. de 80 anhos, y que PAMI apruebe al paciente L. A.".La demanda incluye tambien una "minuta de reunion" del 22 de febrero de 2002; habrian participado integrantes de The Max Foundation (TMF) y de Novartis. Segun el texto, "existe un numero no determinado de pacientes con cobertura social que, estando bajo tratamiento con Glivec, se les suspende la provision por dificultades financieras de sus obras sociales" y "desde el inicio de las acciones legales (recurso de amparo) hasta la resolucion del conflicto, se producen suspensiones de tratamiento de 30 dias aproximadamente. En consecuencia, se acuerda: TMF derivara al paciente a la asesoria legal para iniciar los tramites de recurso de amparo ante su obra social; el paciente recibira una entrega inicial del equivalente a 30 dias de tratamiento, plazo estimado de aprobacion del recurso de amparo; en caso de prolongarse ese plazo, se continuara entregando la medicacion hasta el maximo de 90 dias; tan pronto se obtenga la medida cautelar mediante la cual se obliga a la obra social a cubrir el tratamiento de su afiliado y este reciba el medicamento, se suspendera la entrega de medicacion; los honorarios profesionales del abogado actuante seran abonados por TMF. A su vez, Novartis efectuara una donacion a TMF por igual monto; se preven acciones de prensa a fin de acelerar el exito de las acciones descriptas".Otra copia de e-mail incluida en la demanda, fechada el 30 de octubre de 2004 y atribuida a Ines Arteaga, de The Max Foundation, dice: "Les informo los ultimos movimientos de la cuenta del Galicia. Con fecha 14 de octubre deposite un cheque de Novartis por 7082,50, importe que debo pagar por medio de un cheque al abogado que lleva adelante las acciones judiciales de los pacientes. Ese cheque sera de $ 7015,68, ya que el banco descuenta $ 42,50 de impuestos. Cuando lo haga les informare. Yo voy a tener que hacer estos depositos de Novartis y estos cheques al abogado todos los meses. Les avisare cada movimiento". Pagina/12 intento infructuosamente comunicarse con Ines Arteaga.Segun respondio a este diario Jose Maria Oribe -asesor en comunicacion del area Oncologia del laboratorio Novartis-, "a Novartis no le consta ningun caso en que el Glivec haya sido indicado a partir de un recurso de amparo" y destaco que "Novartis jamas le pago a un abogado" a tal efecto. Oribe senhalo que "en la Argentina, el Estado se hace cargo de cubrir la medicacion oncologica, por lo cual el programa de entrega gratuita no tendria tanta razon de ser como en otros paises. Sin embargo, en 2001 y 2002, en relacion con la crisis, se registraron interrupciones en la provision de medicamentos, y Novartis destino una provision de Glivec a cubrir interrupciones; el programa fue administrado por The Max Foundation. Llego a haber mas de cien pacientes beneficiados, de los cuales continuan 70: a estos, Novartis podria presionarlos para que reclamen al Estado, pero no ha querido hacerlo". El valor promedio de un tratamiento es, segun Oribe, "6000 pesos mensuales".Saludos,MartinMartin CanasGAPURMEDLa Plata (Argentina)macanas@netverk.com.ar
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viernes, 4 de mayo de 2007

denuncia contra novartis y fundacion max, diario el medico

El peor de los engaños

Fraude del laboratorio Novartis y la Fundación Max a pacientes con leucemia "

La astucia de los laboratorios para incrementar sus ganancias no tiene límites. Una reciente denuncia presentada en la Justicia argentina apunta a las "prácticas abusivas y desleales" de la Fundación Max y el laboratorio Novartis. Se los acusa de "actuar en connivencia (...) mediante distintas acciones de engaños a los enfermos (de leucemia) y sus familiares, como ser la inducción y pago de abogados para que inicien recursos de amparo a las obras sociales que no les proveen el medicamento" o "la utilización de los enfermos como instrumentos mediáticos". El plan tendría como objetivo posicionar el medicamento Glivec en el mercado.

La Fundación Max es una organización sin fines de lucro dedicada a los pacientes que padecen leucemia y otras enfermedades relacionadas. Su objetivo es garantizar el bienestar de los que padecen el mal en todo el mundo, y tratar de mejorarles la calidad de vida, mediante la entrega de tratamientos y tecnología. La prioridad la tienen fundamentalmente los pacientes con "accesos médicos y económicos limitados".

Con este preámbulo parecería difícil imaginar que aquí pueda haber algún "curro". Pero como ocurre con toda actividad que genera dinero y los pacientes con cáncer lamentablemente son un blanco fácil para ello, ésta no es la excepción.

The Max Foundation fue creada en el año 1997 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Su impulsor fue Pedro Rivarola, de nacionalidad argentina y padre de Maximiliano, un joven de 17 años de edad que murió como consecuencia de una Leucemia Mieloide Crónica (LMC).

Como muchos en su situación, Rivarola consideró que su desgracia debía transformarse en un motor para ayudar a otros. El año 2001, una importante oportunidad parecía presentarse: el laboratorio Novartis eligió a su fundación para llevar adelante un programa para pacientes indigentes que no pudieran pagar el Programa STI 571, investigación que después culminaría en el medicamento Glivec para pacientes con LMC. La iniciativa, a nivel mundial, se denominaría GIPAP.

Luego de los estudios pertinentes, Glivec demostró excelentes resultados y fue considerado como un gran avance tecnológico, casi revolucionario. La droga actúa interfiriendo el crecimiento de las células anómalas/cancerosas presentes por la enfermedad, permitiendo abandonar las técnicas de quimioterapia, el suministro de Interferón Alfa e incluso, según el caso, evitar el trasplante de médula.

Según los estudios del caso, los pacientes debían recibir entre cuatro y ocho cápsulas de Glivec Imatinib, según el estadio de su enfermedad. Sin embargo, su costo resultaba inaccesible para las personas de bajos recursos, ya que el tratamiento en dosis de 400 miligramos por día sumaba 30.000 dólares anuales.

Entonces, mientras los verdaderos afectados por la enfermedad se veían imposibilitados de conseguir estos recursos, los especuladores del flamante negocio se relamían pensando en sus futuras ganancias.

La argentinidad al palo…

Este contexto abría un nuevo horizonte para la cura de la enfermedad y la Fundación Max no podía quedar afuera. Pero también fue el puntapié para avanzar hacia una "maniobra fraudulenta" que culminó en un sumario contra The Foundation Max y el mundialmente reconocido laboratorio Novartis.

La denuncia penal fue presentada a fines del mes de abril por Zulma Pilar Labraña, una ex trabajadora de la Fundación en Argentina. Después de un largo peregrinar, la causa número 66/06 recayó en el Juzgado Penal Económico Nº 6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Según consta en la exposición judicial, "Novartis Argentina S.A. implementó el plan GIPAP en nuestro país a ‘la argentina, es decir, como un plan de ventas agresivo del Glivec enmascarado en un plan social, con pago de coimas".

Y describe: "El Programa consistía en que Novartis, entregaba a The Max Foundation la administración del plan de asistencia y provisión de Glivec a enfermos de Leucemia Mieloide Crónica (LCM). La Fundación debía administrar el plan, seleccionando las instituciones, médicos y pacientes a tratar con Glivec, y llevar adelante todo el proceso administrativo, logístico, entrega del medicamento, proceso de seguimiento, establecer estaciones o sedes a nivel mundial para llevar adelante el Plan de Asistencia GIPAP". Además, agrega que "a tales efectos, Novartis Internacional, dona a la Fundación 400.000 dólares".

En la denuncia se narra que el procedimiento se llevaba a cabo "mediante distintas acciones de engaños a los enfermos y sus familiares, como ser la inducción y pago de abogados para que inicien recursos de amparo a las obras sociales que no les proveen el medicamento, y, entre otras acciones, la utilización de los enfermos como instrumentos mediáticos, el desarrollo de tareas comunitarias para la Fundación y el Laboratorio, y demás acciones de comunicación social".

Labraña se contactó con la Fundación en el año 2000, cuando le diagnosticaron una enfermedad similar a la LMC, y entonces comenzó a trabajar como voluntaria. En el año 2001 fue contratada como empleada y estaba encargada de entregar las donaciones del Glivec y contener a los enfermos. Pero a fines del 2002 designan a Inés García González de Arteaga, hermana de la actual presidenta de la Fundación, Patricia García González, para hacerse cargo de la administración de la sede en Buenos Aires. Dicho en otras palabras, es la persona que comienza a manejar el programa GIPAP en forma directa con Novartis.

Al año siguiente, Labraña fue despedida, a través de un correo electrónico, con la excusa de una reestructuración. Pedro Rivarola también había sido desplazado y entonces se hace cargo de la representación de la Fundación —en Estados Unidos— la que en ese entonces era su pareja, Patricia García González, mencionada anteriormente.

Para Labraña, su "falta de complicidad en los manejos de la Fundación y la connivencia de Novartis Argentina S.A." es lo que precipitó la decisión de despedirla. "Yo no me presté a firmar recursos de amparo para obligar al gobierno a dar la droga Glivec, porque me pareció deshonesto que Novartis me dé plata a mí para que pague un abogado", sostiene.

Los turros de siempre

En la presentación legal se describe claramente la operatoria: "El Programa tenía una reserva de tres meses de provisión de medicamentos a los enfermos. Al entregarse las dosis para la primera etapa del tratamiento, que incluía dosis por 30 días de manera tal de cubrir la necesidad inmediata, se derivaba al paciente, familiar u enfermo a la Asesoría Legal para que inicien acciones legales de amparo contra las Obras Sociales que no incluían en sus vademécum este tratamiento. Con ello se suspendía la provisión del medicamento por parte del Programa GIPAP que administraba la Fundación Max. La inversión que desarrollaba Novartis era por un tratamiento y luego recuperaba esa supuesta donación con la obligatoriedad de compra por parte de las Obras Sociales".

Por otro lado, en la denuncia también se destacan "otras prácticas desleales e ilícitas, como ser el pago encubierto de ‘coimas’ a los médicos para el posicionamiento del Glivec en Argentina, o los regalos a médicos oncológicos". Según se reproduce en un correo electrónico adjuntado en la causa, uno de los ejecutivos de Novartis advierte, sin ningún tipo de pudor, a una vendedora: "Quisiera (que) me cuentes cuál fue el criterio con que entregaste las cuarenta camperas anteriores. La idea es que tras cada una de ellas haya un negocio para nosotros. Que yo recuerde hablamos muy poco sobre nuevos acuerdos con tus médicos. ¿Me lo podrías aclarar?".

La impulsora de la denuncia asegura que si bien Novartis tiene su propia fundación, el contacto con la Fundación Max apareció porque necesitaban a alguien desconocido, alguien que necesitara crecer, una especie de "pantalla" para el negocio. "Diríamos que ahora mas que una fundación sin fines de lucro, es una fundación con fines de lucro que se llama Novartis", remarcó Labraña.

RECUADRO

>> Y en el Primer Mundo también

Bajo el titulo de "Novartis Glivec donation program falling short", el prestigioso periódico estadounidense The New York Times publicó en junio de 2003 un artículo donde ya se anticipaba esta "maniobra fraudulenta" del laboratorio.

Lo que sigue son los extractos más importantes de aquella nota:

• "En los países más ricos como Corea del Sur, Hong Kong y Nueva Zelanda, Novartis ha alentado a los pacientes que han recibido los medicamentos gratis para que presionen por intermedio de abogados al sistema publico de salud, que deberá pagar precios mas altos por la droga. Un documento de la compañía declaró que las donaciones de la droga —junto con campañas de los medios y tácticas legales— eran parte de un plan concertado para ganar el reembolso para Glivec. ‘El programa de ayuda al paciente no es otra cosa que una estrategia de la comercialización’, dijo el Dr. Arun Bal, un médico de Bombay".

• "Y en julio, el Dr. (David) Epstein (presidente de la División Oncología de Novartis) envió una nota a los ejecutivos de la compañía de todo el mundo que anunciaba orgulloso que Novartis establecía un programa dirigido de donación de la droga asegurándose que ‘a ningún paciente de CML se le negara el tratamiento con Glivec por problemas económicos’. El describió el esfuerzo como ‘el programa más abundante y de mayor envergadura que se haya desarrollado jamás para el tratamiento del cáncer’. Y agregaba que la intención era ayudar a la compañía ‘a alcanzar sus metas terapéuticas y de negocio para la droga’. Una presentación de diapositivas preparada por Novartis el mes anterior era la más explícita para delinear el último objetivo: trabajo paciente máximo de la defensa, decía, y sería dirigido a los pacientes, médicos, medios de comunicación, la presión legal y la implicación de la comunidad, todo con un solo objetivo: recuperar la inversión. Con el financiamiento de un millón de dólares al año de Novartis, la Fundación Max alquiló una oficina, empleó personal administrativo y comenzó a construir un sistema informático que podía manejar el programa, llamado Programa Glivec de ayuda internacional al paciente o Gipap".

• "Desde enero de 2002, las objeciones alrededor del mundo comenzaron a aparecer en los foros de discusión en internet dedicados a CML. Los pacientes se quejaban porque los requisitos para ser elegidos no estaban dentro de la manera con que los doctores prescribían las drogas. Algunos pacientes conseguían la droga y otros no, sin poder dilucidar fácilmente los motivos".

• "Pero una vez que Glivec es aprobado, la compañía lo provee sólo bajo un programa especial: los pacientes deben entonces buscar Glivec a través de canales privados o del gobierno o de otros canales convencionales. Pero en vez de enojarse con Novartis, los pacientes han protestado a los gobiernos y han ayudado a las ganancias de la compañía".

Autor: Silvia García